La retallada als Ferrocarrils de la Generalitat afectarà les freqüències de la línia del Baix Llobregat en alguns horaris. Ho va explicar ahir el president de la companyia, Enric Ticó, que va expressar el seu desig que el paquet de mesures dissenyat amb l'objectiu d'estalviar uns 4,5 milions d'euros per any, i que aquest diari va avançar en l'edició de dimarts, permetin “guanyar usuaris”. Ticó va atendre els mitjans durant la visita que va fer al Saló de la Indústria Ferroviària, el Bcn Rail, que s'està celebrant aquests dies al recinte de Fira de Barcelona de l'Hospitalet de Llobregat, i va defensar les mesures acordades en la reunió del consell d'administració de la companyia, que es va celebrar dilluns. “En un moment econòmic complex i molt complicat entenc que això es pugui interpretar com un intent de reduir costos estrictament”, va declarar Ticó, que va afegir que l'objectiu és també oferir un millor servei demanant “els menys diners possibles a l'administració”. Entre les mesures en estudi hi ha la possibilitat de deixar el funicular de Gelida fora de la xarxa de transport públic i donar-li un ús turístic, o suspendre temporalment el d'Olesa. També al Baix Llobregat, va explicar que s'estudia reduir freqüències de pas en uns combois que tenen uns índex d'utilització del 18% de mitjana. La mesura s'aplicaria en alguns horaris, que no va concretar.
Font: Avui
jueves, 1 de diciembre de 2011
La sanidad catalana, en el ojo del huracán
- Desde el cambio de Gobierno en Cataluña (diciembre de 2010) se han sucedido los recortes y las protestas. El tijeretazo en sanidad ha sido importante.
- Enero. El consejero de Salud, Boi Ruiz, anuncia que no se construirán más hospitales, se reducirán servicios y se privatizará parte de la gestión. En sanidad el recorte será de 850 millones.
- Febrero. Salud anuncia que paralizará 14 obras, siete nuevos hospitales y siete ampliaciones. Además, cinco hospitales (como el de Sant Pau o el de Bellvitge) empiezan a cerrar quirófanos.
- Marzo. El hospital Clínic de Barcelona cierra una parte de sus urgencias. El de la Esperança clausura todo el servicio.
- Julio. La Generalitat decide clausurar en verano 40 centros de atención primaria, el 10,9% del total. Además, la Generalitat cierra una de cada cuatro camas hospitalarias hasta octubre. El recorte por la Generalitat que preside Artur Mas deja fuera de servicio también 34 ambulancias.
- Septiembre. La Generalitat declara que debe ahorrar 77 millones antes de fin de año. Para ello, dejará al mínimo los mayores hospitales públicos durante la semana del puente de la Constitución. La medida se añade al cierre ya ejecutado de ambulatorios, camas y ambulancias y se aplicará al menos un día entre el 5 y el 11 de diciembre.
- Noviembre. Mas anuncia que quiere implantar una tasa por receta médica. Mientras, los hospitales públicos, tras 10 meses de recortes, se han visto forzados a reducir su actividad: las operaciones quirúrgicas han caído entre el 30% y el 40%; la lista de espera ha aumentado el 23% hasta junio.
Fuente: El País
Dos nuevas denuncias vinculan muertes con recortes en Cataluña
Un hombre fallece de hemorragia cerebral tras esperar seis días una resonancia - "El quirófano se quedó sin luz y perdimos al bebé", lamenta otro afectado
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 01/12/2011
Arrecia el goteo de denuncias que vinculan muertes de pacientes con los recortes que la Generalitat ha aplicado este año en sanidad pública y especialmente en los hospitales, donde el cierre de camas y quirófanos ha colapsado las urgencias y disparado las listas de espera. Ginés M., de 51 años, falleció por una hemorragia cerebral en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona tras esperar que le realizaran una resonancia magnética que solo se le practicó seis días después, cuando empezó a sangrar por la nariz minutos antes de morir; Cristina R. G., de 28 años, ingresó en el hospital de Sant Pau embarazada de 34 semanas con una infección abdominal que no pudo operarse de urgencia por problemas con el suministro eléctrico. El retraso, de unas 30 horas, provocó supuestamente la muerte fetal por la infección. Así consta en las dos denuncias presentadas ayer por la Asociación el Defensor del Paciente (Adepa) y que los afectados achacan directamente a los ajustes de la Generalitat, supuesto que deberá dilucidarse en los juzgados.
"No se trata de negligencias, son recortes. Mi marido murió en el hospital porque no tenían camas libres", resumió la esposa del fallecido, Maria del Carmen M. Los hospitales afectados rechazaron realizar comentarios sobre sendos casos "por respeto a la confidencialidad de los pacientes". El departamento de Salud que dirige Boi Ruiz, por su parte, replicó a última hora que considera "irresponsable" atribuir estos casos a los recortes "sin datos que lo fundamenten". "De forma puntual pueden producirse disfunciones en los servicios sanitarios", justificó Salud. "Las actuaciones se basan siempre en criterios asistenciales", añadió un portavoz del Vall d'Hebron. Se trata del mismo centro que ya ha sido denunciado en una causa que se halla en fase de instrucción por la muerte de una mujer por una aneurisma tras haber retrasado la operación durante días por el colapso en los quirófanos. En este segundo caso de fallecimiento irregular de un paciente, causa que ha sido registrada ya ante los juzgados de instrucción de Barcelona, el centro demoró durante casi una semana la realización de una prueba para diagnosticar una patología que resultó mortal.
Ginés M., que padecía espasmos y movimientos incontrolados en un brazo, ingresó en el hospital el pasado 24 de octubre sobre las 22 horas. Al día siguiente le realizaron varias pruebas, entre ellas un TAC. En él se apreciaron varias lesiones, pero los médicos señalaron que requerían una resonancia para calibrar el diagnóstico, según relata la denuncia. La urgencia, prosigue la sentencia, no podía realizarse en urgencias por lo que el paciente tuvo que esperar al día 27, jueves, para ser ingresado en una habitación convencional. "No tenían camas porque muchas estaban cerradas por los recortes de la Generalitat", aseguró entre sollozos la esposa del fallecido. Aún así, la resonancia se dejó para pasado aquel fin de semana. A la mañana del domingo día 30, sin embargo, el estado de Ginés M. se agravó con vómitos y hemorragias nasales. A las 11 de la mañana los médicos señalaron que realizaban "un escáner", detalla la denuncia. El resultado evidenció una hemorragia cerebral y que ya era demasiado tarde. "No se puede hacer nada", detalla que dijeron los médicos el texto de la denuncia. "¿Toda la vida pagando por la sanidad pública y cuando la necesitas pasa esto?", lamentó ayer Maria del Carmen acompañada de su hija.
"Nosotros hemos tenido suerte, ella está viva...", detalló Andrés P., esposo de la mujer que sufrió un abortó tras una infección. "Pero nos hemos quedado sin el bebé", remató. Cristina R. padeció una infección abdominal estando embarazada de más de ocho meses. Ingresó en el hospital Sant Pau en el momento más drástico de los recortes: en la madrugada del pasado viernes 1 de julio. Ningún cirujano pudo visitarla porque "estaban en el quirófano", señaló Andrés. Al día siguiente, minutos después de que ingresara en el quirófano, un empleado advirtió que no podrían operar por cortes de luz en la sala. "Por incidencia técnica en quirófano (fallo del sistema de iluminación de los quirófanos)", detalla el parte médico del hospital. Este centro no empleó el equipo de emergencia sin más explicaciones. La noche del 3 de julio, tras otro día con dolores y vómitos, se le realizó una cesárea y se le extrajo el bebé con parada cardiorrespiratoria. El pequeño falleció a las 4.46 del 4 de julio. "Al menos doy las gracias porque mi mujer ha salvado la vida", se consoló Andrés. El afectado está a la espera de pruebas periciales para presentar una querella penal.
"Deberían imputar a los que gestionan solo pensando en los recortes sin pensar en las personas", señaló la presidenta de Adepa, Carmen Flores.
Fuente: El país
miércoles, 30 de noviembre de 2011
A favor dels funcionaris
29/11/2011
Pocs dies després de les eleccions espanyoles del 20 de novembre, el Govern de la Generalitat, a més d'anunciar un increment de les taxes universitàries, del preu del metro i el bus i del cànon de l'aigua, feia explícita la voluntat de retallar de nou el sou dels treballadors públics. Des que l'executiu encapçalat per Artur Mas va començar a aplicar les anomenades “polítiques d'austeritat”, aquest ha estat un dels col·lectius més afectats per la tisora. I és que els funcionaris són un objectiu fàcil. El tir al blanc contra el treballador públic és tota una tradició en aquest país: no hi ha setmana que no aparegui algun informe de les caixes d'estalvi, algun dossier d'ESADE o algun opinador espavilat blasmant sobre l'elevat nombre de funcionaris, el cost que suposen i com viuen de bé en relació a la resta de mortals. El bombardeig mediàtic ha generat la percepció que a Catalunya, de funcionaris, n'hi ha massa. I que, a més, són tots una colla de dropos improductius amb la feina assegurada de per vida.
És cert, però, tot aquest discurs? Un cop d'ull a les fonts documentals més bàsiques ho desmenteix. El Butlletí Estadístic de Personal de l'Administració Pública de l'any 2009 assenyala que a Catalunya hi ha un total de 302.607 treballadors públics. La ràtio és d'un per cada 24,3 habitants, la més baixa de tot l'Estat espanyol (on la mitjana és d'un treballador públic per cada 17 habitants). A Suècia hi ha 8 habitants per funcionari, a Finlàndia 9, i a França i Bèlgica, 12. Catalunya, de fet, està a la cua de la UE 15 en aquesta matèria. El catedràtic d'Economia Vicenç Navarro –quan el deixen parlar- posa l’accent en una confusió habitual: només el 22% dels treballadors públics són funcionaris. La gran majoria, doncs, són personal interí, laboral o eventual: vaja, que de feina per tota la vida, res de res, com a mínim per a la majoria. De fet, un informe de CCOO assenyala que la taxa de temporalitat al sector públic està bastant per sobre que la del sector privat. A Catalunya, el primer semestre de 2009 i segons dades de l'Enquesta de Població Activa, va ser d'un 24,8% (al sector privat, en canvi, va ser del 16,6%). I pel que fa als sous espectaculars, posem-ho també en quarantena. Segons dades de CCOO, 9.000 dels prop de 19.000 funcionaris del personal d'administració i tècnic que treballen a Catalunya tenen un salari entre els 1.200 i els 1.500 euros bruts mensuals. Pel què fa al personal laboral, 7.155 cobren un sou entre els 1.200 i els 1.556 euros bruts, i poc més de 3.000 estan per sobre dels 1.600. Un total de 4.421 estan per sota dels 1.500 euros bruts. I això era abans que s'apliqués la primera onada de retallades. Segur que hi haurà sous desmesurats –també n'hi ha a l'empresa privada- però seran l'excepció.
És probable que els treballadors públics catalans tinguin millors condicions laborals que molts precaris i autònoms. Per tant, pot ser lògic que hi hagi part de la societat que consideri que són uns privilegiats. Qui així ho cregui, però, s'equivoca. Tenir un contracte laboral digne, cobrar a final de mes la teva nòmina, fer un horari més o menys definit, disposar de pagues extres i dies de vacances remunerades... no són privilegis. Són drets. Uns drets que els treballadors han aconseguit a base d'anys de lluita. En l'actual context de doctrina del xoc, convé no deixar-se entabanar pel discurs que assenyala el qui està una mica millor que tu com a responsable de tots els teus mals. El problema de debò és un altre: es diu capitalisme, i no el solucionarem retallant els sous dels funcionaris o tancant quiròfans d'hospital. Ser-ne conscients seria un primer pas per començar a posar fil a l'agulla.
Font: naciodigital.cat
Pocs dies després de les eleccions espanyoles del 20 de novembre, el Govern de la Generalitat, a més d'anunciar un increment de les taxes universitàries, del preu del metro i el bus i del cànon de l'aigua, feia explícita la voluntat de retallar de nou el sou dels treballadors públics. Des que l'executiu encapçalat per Artur Mas va començar a aplicar les anomenades “polítiques d'austeritat”, aquest ha estat un dels col·lectius més afectats per la tisora. I és que els funcionaris són un objectiu fàcil. El tir al blanc contra el treballador públic és tota una tradició en aquest país: no hi ha setmana que no aparegui algun informe de les caixes d'estalvi, algun dossier d'ESADE o algun opinador espavilat blasmant sobre l'elevat nombre de funcionaris, el cost que suposen i com viuen de bé en relació a la resta de mortals. El bombardeig mediàtic ha generat la percepció que a Catalunya, de funcionaris, n'hi ha massa. I que, a més, són tots una colla de dropos improductius amb la feina assegurada de per vida.
És cert, però, tot aquest discurs? Un cop d'ull a les fonts documentals més bàsiques ho desmenteix. El Butlletí Estadístic de Personal de l'Administració Pública de l'any 2009 assenyala que a Catalunya hi ha un total de 302.607 treballadors públics. La ràtio és d'un per cada 24,3 habitants, la més baixa de tot l'Estat espanyol (on la mitjana és d'un treballador públic per cada 17 habitants). A Suècia hi ha 8 habitants per funcionari, a Finlàndia 9, i a França i Bèlgica, 12. Catalunya, de fet, està a la cua de la UE 15 en aquesta matèria. El catedràtic d'Economia Vicenç Navarro –quan el deixen parlar- posa l’accent en una confusió habitual: només el 22% dels treballadors públics són funcionaris. La gran majoria, doncs, són personal interí, laboral o eventual: vaja, que de feina per tota la vida, res de res, com a mínim per a la majoria. De fet, un informe de CCOO assenyala que la taxa de temporalitat al sector públic està bastant per sobre que la del sector privat. A Catalunya, el primer semestre de 2009 i segons dades de l'Enquesta de Població Activa, va ser d'un 24,8% (al sector privat, en canvi, va ser del 16,6%). I pel que fa als sous espectaculars, posem-ho també en quarantena. Segons dades de CCOO, 9.000 dels prop de 19.000 funcionaris del personal d'administració i tècnic que treballen a Catalunya tenen un salari entre els 1.200 i els 1.500 euros bruts mensuals. Pel què fa al personal laboral, 7.155 cobren un sou entre els 1.200 i els 1.556 euros bruts, i poc més de 3.000 estan per sobre dels 1.600. Un total de 4.421 estan per sota dels 1.500 euros bruts. I això era abans que s'apliqués la primera onada de retallades. Segur que hi haurà sous desmesurats –també n'hi ha a l'empresa privada- però seran l'excepció.
És probable que els treballadors públics catalans tinguin millors condicions laborals que molts precaris i autònoms. Per tant, pot ser lògic que hi hagi part de la societat que consideri que són uns privilegiats. Qui així ho cregui, però, s'equivoca. Tenir un contracte laboral digne, cobrar a final de mes la teva nòmina, fer un horari més o menys definit, disposar de pagues extres i dies de vacances remunerades... no són privilegis. Són drets. Uns drets que els treballadors han aconseguit a base d'anys de lluita. En l'actual context de doctrina del xoc, convé no deixar-se entabanar pel discurs que assenyala el qui està una mica millor que tu com a responsable de tots els teus mals. El problema de debò és un altre: es diu capitalisme, i no el solucionarem retallant els sous dels funcionaris o tancant quiròfans d'hospital. Ser-ne conscients seria un primer pas per començar a posar fil a l'agulla.
Font: naciodigital.cat
Al senyor Mas
28/11/11 02:00 - JOAN FERRÉ VERGE / Amposta (Montsià)
Dimarts, vostè, només dos dies després de les eleccions estatals, va anunciar una sèrie de mesures per reduir la despesa pública, entre les quals l'increment de les taxes universitàries i les del transport públic.
Tenim un fill que està estudiant a Barcelona el tercer curs de carrera. La mare i jo som funcionaris de l'administració de l'Estat dels grups C i D, respectivament. Com a funcionaris tenim el sou retallat i, suposadament, d'aquí a pocs dies, un cop el senyor Rajoy sigui investit president del govern espanyol, ens el tornarà a retallar. Com a treballadors assalariats que som, no podem “amagar” res del nostre sou i per aquest motiu el nostre fill no pot disposar de cap tipus de beca. A part de les taxes universitàries, li hem de pagar el transport i la residència a Barcelona, a part de les altres despeses que comporta una carrera universitària. Per tant, si ens retallen els sous i ens incrementen les despeses, augmentaran les nostres dificultats per pagar-li els estudis.
Què hem de fer, senyor Mas? Ha pensat en els casos com el nostre, o és que només pensa amb els que van a les universitats privades?
Font: Avui
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)